El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, ha subrayado el gran valor del acuerdo alcanzado este martes con los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para articular la participación de la Abogacía en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.
«El Gobierno reconoce la necesaria participación de los abogados especializados en extranjería», afirmó González en declaraciones a Confilegal.
El reconocimiento no es retórico. Se traduce en acciones concretas: el acuerdo contempla la organización de jornadas informativas, mesas redondas y campañas de divulgación dirigidas a la ciudadanía.
La primera jornada, que se celebrará en la sede del Consejo con participación directa del Ministerio, está prevista para abril.
Un acuerdo gestado en menos de 24 horas
González destacó la celeridad con la que se ha materializado este entendimiento formal con las carteras que dirigen Elsa Sáiz, desde Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Félix Bolaños, desde Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
«Hemos conseguido que representantes de ambos ministerios hayan venido hoy a la sede del Consejo para hablar del proceso de regularización extraordinaria y de cómo participará la Abogacía española», explicó.
En menos de 24 horas, todos los colegios de España, a través de la Subcomisión de Extranjería, tuvieron conocimiento del acuerdo alcanzado.
El presidente del CGAE valora el resultado con satisfacción. «El talante que he visto allí me tenía muy satisfecho de lo que se había conseguido y de que se reconozca que no solo estamos, sino que debemos de estar», explicó.
Un talante y buen entendimiento que el pasado sábado contribuyó de forma decisiva a que Inclusión, Seguridad Social y Migraciones retirara de las diferentes redes sociales una campaña que sugería implícitamente que el asesoramiento jurídico profesional podía estar ligado a desinformación o fraude y presentaba el asesoramiento del abogado como algo prescindible.
«El Ministerio entendió que no se ajustaba a la realidad cuando hablamos con ellos y actuaron de inmediato. Nuestra comunicación es directa», subrayó González. «Lo informamos después a los 83 decanos».
28.000 profesionales con experiencia acreditada
La Abogacía llega a este proceso con un capital profesional difícil de ignorar. España cuenta con cerca de 28.000 letrados especializados en extranjería, un cuerpo que, como recordó González, ha participado «en todos los procesos de regularización que se han hecho en este país hasta la fecha».
Y que conoce de primera mano las situaciones más extremas: guardias en los CIE, asistencia en zonas de tránsito aeroportuario, intervención en las costas.
Muchos de los afectados por la nueva regulación, además, ya cuentan con abogado. «Ya están articulando fórmulas distintas con sus letrados y, por tanto, no van a desprenderse de ellos para acometer también esta posibilidad», apuntó González.
El detalle que lo cambia todo
El presidente del CGAE fue preciso sobre lo que está en juego en cada expediente. «Por muy sencillo que pueda parecer el proceso», advirtió, el asesoramiento jurídico resulta imprescindible en «un momento trascendente para los extranjeros».
El objetivo de las jornadas acordadas es que «no quede duda de los requisitos, por pequeños que sean».
Pequeños. La palabra importa. En derecho de extranjería, un requisito aparentemente menor —una fecha, un empadronamiento, un documento acreditativo— puede hundir una solicitud que llevaba años gestándose.
Contra el intrusismo
La reunión de hoy en el CGAE estuvo presidida por Cristina Vallejo, vicepresidenta primera de la Abogacía Española y decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, que puso el foco en una amenaza estructural de estos procesos: el intrusismo.
La participación de los letrados, afirmó Vallejo, «es una garantía esencial para la ciudadanía, ya que les protege frente al intrusismo y las prácticas engañosas».
Los procesos de regularización masiva generan históricamente un ecosistema paralelo de gestores no habilitados y asesores sin cualificación que cobran por servicios que no pueden prestar o que, directamente, estafan a personas que no conocen sus derechos.
Ese es el flanco que la Abogacía aspira a cerrar.
Vallejo estuvo acompañada por Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE, y decano del Colegio de Abogados de Melilla, y por Borja Vargues, secretario general técnico de la institución.
Seguridad jurídica, expediente a expediente
«En esta nueva regulación, que afectará a miles de personas en situación de vulnerabilidad, es fundamental contar con asesoramiento jurídico cualificado para asegurar la correcta interpretación y aplicación de la normativa, prevenir situaciones de indefensión y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones», subrayó González.
Una regularización extraordinaria sin acompañamiento jurídico cualificado no es solo una oportunidad desaprovechada.
Puede convertirse en una fuente de litigiosidad, de resoluciones recurridas y de indefensión para quienes más lo necesitan. La confianza en las instituciones, en este contexto, se construye expediente a expediente.
